El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa generó malestar dentro de Morena y en sectores del Poder Ejecutivo, que se deslindaron de la decisión y la calificaron como un acto de carácter personal. La dirigencia del partido afirmó que Ariadna Montiel no tuvo conocimiento previo de la reincorporación del gobernador.
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que el retorno de Rocha Moya respondió exclusivamente a una determinación individual. La dependencia añadió que respetará las facultades de la Fiscalía General de la República (FGR) y el curso de las investigaciones en su contra.
Morena también fijó distancia frente a la decisión y aseguró que actuará conforme al estado de derecho, el debido proceso, la transparencia y la rendición de cuentas. Con este posicionamiento, el partido buscó evitar que el regreso del mandatario fuera interpretado como una decisión respaldada por su dirigencia nacional.
Rocha Moya solicitó licencia después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusación que el gobernador negó. Tras anunciar su regreso, afirmó que retomaba sus funciones “con la frente limpia y en alto”.
La reincorporación representa un desafío para Claudia Sheinbaum y para Morena, que busca impulsar candidaturas sin acusaciones ni sospechas criminales rumbo a los comicios de 2027. El caso puede dificultar la construcción de un consenso partidista sobre la selección de perfiles y la coordinación política dentro del oficialismo.
El episodio también ocurre en un contexto de tensiones con Washington, marcado por señalamientos relacionados con integrantes de Morena y por la respuesta del gobierno mexicano mediante canales de diplomacia. A ello se suma el arresto de Fausto Corrales Rodríguez, señalado como testigo en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
El retorno de Rocha Moya deja abierta una disputa política dentro de Morena: mientras el gobernador reivindica su derecho a ejercer el cargo, la dirigencia partidista insiste en que actuó por cuenta propia. La controversia podría repercutir en la definición de candidaturas y en la agenda del partido, incluida la discusión de cualquier eventual reforma legislativa.
