Rechaza Ricardo Ferro y la bancada de Morena otorgar más atribuciones a la Fiscalía de Guanajuato sin resolver su sobrecarga
Desde San Miguel de Allende, Guanajuato, diputados locales de Morena, encabezados por Ricardo Ferro Baeza y David Martínez Mendizábal, se pronunciaron este 1 de septiembre de 2026 en contra de trasladar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) nuevas facultades para perseguir delitos relacionados con la delincuencia organizada.
La postura fue expuesta durante la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la que también estuvo presente el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste. Los legisladores señalaron que la propuesta forma parte de una iniciativa de reforma impulsada por la gobernadora Libia Dennise García.
De acuerdo con los argumentos presentados por la bancada morenista, otorgar esas atribuciones aumentaría la presión sobre una institución que ya enfrenta limitaciones operativas, rezagos y un bajo porcentaje de judicialización de las carpetas de investigación.
Entre los datos expuestos durante la reunión se informó que, en 2025, la Fiscalía estatal inició 162 mil carpetas de investigación, pero únicamente 15 mil fueron judicializadas, lo que representa menos del 10 por ciento. Además, 12 mil expedientes fueron enviados a archivo temporal.
Morena advierte riesgos por falta de capacidad institucional
La carga de trabajo también fue señalada como uno de los principales obstáculos para ampliar las responsabilidades de la FGE. Según la información presentada en la comisión, cada uno de los 585 agentes ministeriales atendió en promedio 278 carpetas de investigación.
Ricardo Ferro Baeza sostuvo que esta falta de capacidad institucional ya genera rezagos severos que impactan directamente a los municipios de Guanajuato. Por ello, consideró que sería un error delegar investigaciones complejas a la Fiscalía estatal sin llevar a cabo antes una reestructuración de fondo.
Durante el análisis también se identificaron otros desafíos vinculados con la reforma, como la posible necesidad de crear juzgados especializados locales y asignar un presupuesto considerable para proteger a jueces, fiscales y testigos ante eventuales amenazas de grupos de la delincuencia organizada.
La bancada de Morena reconoció que la coordinación entre la Federación y el estado es indispensable para enfrentar la criminalidad, pero advirtió que esta colaboración no debe convertirse en una transferencia de responsabilidades federales a organismos locales que todavía enfrentan dificultades para reducir la impunidad en los delitos del fuero común.
