La defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, amplió su equipo legal y solicitó nuevamente que enfrente su proceso en prisión domiciliaria, con el respaldo del PAN, Somos México y el expresidente Vicente Fox.
El anuncio fue realizado por Verónica Ruffo, hija del exmandatario, durante una conferencia frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México. La familia sostuvo que la defensa dejó de ser un asunto partidista y representa una exigencia vinculada con el debido proceso y la presunción de inocencia.
Ruffo Appel permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el Estado de México. La FGR lo acusa de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y posibles violaciones a la Ley de Hidrocarburos, por su presunta relación con una estructura empresarial vinculada al llamado huachicol fiscal.
El exgobernador ha negado su participación en las actividades ilícitas. Su defensa informó que presentó dos juicios de amparo: uno contra las medidas cautelares, incluida la prisión preventiva oficiosa, y otro contra el auto de vinculación a proceso.
El abogado Arturo Germán, incorporado como vocero del equipo legal, explicó que la defensa también participará en la investigación complementaria, con una duración de seis meses. El objetivo será aportar elementos para determinar el grado de participación de Ruffo en los delitos que se le imputan.
Vicente Fox expresó su respaldo al exgobernador y cuestionó que permanezca en el penal del Altiplano. El expresidente pidió que Ruffo, de 74 años, pueda continuar el proceso desde su domicilio y calificó como indigno el trato que, a su juicio, ha recibido.
Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, relacionó la detención de Ruffo con la difusión de audios que afectaron políticamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. También cuestionó que no existan detenciones de funcionarios de Aduanas, Pemex, el SAT o Migración por la presunta red de contrabando investigada por la FGR.
Dirigentes de Somos México, incluido su presidente Guadalupe Acosta, se sumaron a la petición de que Ruffo lleve su proceso desde casa. El planteamiento coloca el caso en el centro del debate sobre la aplicación de medidas cautelares, la actuación del poder ejecutivo y los límites de la persecución penal.
La estrategia de la defensa busca combinar recursos judiciales con respaldo político y público, sin convertir el caso en una disputa exclusivamente partidista. En ese contexto, la exigencia de una reforma legislativa sobre la prisión preventiva y la búsqueda de consenso partidista podrían convertirse en elementos adicionales del debate institucional.
