En México, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, rechazó la denuncia presentada en Estados Unidos por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, contra consejeros electorales.
Durante una sesión del Consejo General, Taddei defendió la actuación del instituto y afirmó que sus integrantes tienen el mandato constitucional de aplicar la ley y determinar sanciones con independencia de las personas involucradas.
Sin mencionar directamente a Moreno ni al PRI, sostuvo que las consejerías tienen el derecho y la obligación de analizar y votar los asuntos sometidos a su consideración. Añadió que las resoluciones pueden ser impugnadas ante las instancias nacionales correspondientes.
Taddei señaló que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales. Recordó que el INE ha defendido anteriormente la independencia de sus consejeros, incluso cuando integrantes de Morena presentaron denuncias contra funcionarios electorales.
La presidenta del INE consideró preocupante que una diferencia sobre una resolución del instituto haya sido llevada ante autoridades extranjeras y que se planteen posibles consecuencias personales para quienes participaron en la decisión.
Aclaró que cualquier persona tiene derecho a acudir a las instancias nacionales o internacionales que considere pertinentes, pero subrayó que ningún consejero debe votar pensando en posibles consecuencias administrativas, penales, políticas o internacionales.
Moreno acudió ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar sanciones y el retiro de visas a los consejeros Arturo Castillo, Rita Bell y Frida Gómez. Los funcionarios ordenaron al PRI y a su dirigente retirar publicaciones en las que se calificó a Morena y a sus gobiernos como “narcogobierno” y “narcopartido”.
El representante del PRI, Emilio Suárez, afirmó que su partido acudirá a las instancias necesarias para defender la democracia en México. En respuesta, el representante de Morena, Guillermo Santiago, advirtió que buscar sanciones internacionales por la aplicación de la ley constituye un precedente grave.
