Estados Unidos ha arrendado a Israel, por un dólar durante 99 años, el terreno destinado a su nueva embajada en Jerusalén Oeste, una parcela que perteneció a 19 familias palestinas hasta 1950. Herederos de estas familias están intentando detener este acuerdo, el cual afecta un área conocida como «Complejo Allenby», donde ya han comenzado las obras.
Mounir Kleibo, uno de los más de 100 descendientes de las familias afectadas, afirmó que este anuncio fue «muy doloroso». Expresó su frustración destacando que nunca fueron consultados sobre la decisión, a pesar de que, según documentos de la Comisión de Conciliación de la ONU, tienen derechos de propiedad sobre este terreno de aproximadamente 3 hectáreas, que actualmente permanece vacío.
La decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén se tomó a finales de 2017. Esta medida intensificó la tensión geopolítica en la región. En un acto reciente, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, formalizó el arrendamiento al abonar un dólar simbólico, afirmando que Jerusalén es la «capital eterna» del pueblo judío, en contra de lo establecido por el Plan de Partición de la ONU de 1947.
Kleibo, quien trabajó durante 35 años en la ONU, recordó que durante el Mandato Británico, estas familias tenían contratos de arrendamiento y que después de la guerra de 1948, muchos palestinos fueron desplazados. La Ley de Propiedades Ausentes, promulgada por Israel en 1950, permitió que se controlaran terrenos de palestinos expulsados.
El «Complejo Allenby» está situado en Baqa, un área deseada por su ubicación estratégica, cercana a sitios sagrados y rodeada de vegetación. A pesar de las múltiples recomendaciones para desistir en su lucha, Kleibo sigue esperanzado en que se reconozcan sus derechos. Recientemente, advirtió que planea reunirse con miembros de la familia real jordana, que también tiene derechos sobre el complejo.
Kleibo enfatiza que su intención no es generar conflictos, sino buscar el respeto a los derechos de su familia, señalando que solo desean que se reconozcan sus legítimas reclamaciones.
