Juan Miguel Alcántara Soria
La tragedia de personas desaparecidas y no localizadas en México conmueve. Miles de madres excavan por todo el país buscando a sus hijos. De 4,114 víctimas desaparecidas en 2015, pasaron a 12,942 en 2025. Un 213% más en diez años. Dato recién difundido por México Evalúa (www.mexicoevalua.org), “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”. Detalla la evolución de la violencia letal en la última década con bases de datos oficiales. El análisis revela que México es más violento hoy que hace una década. La evidencia muestra una violencia altamente territorializada, con contrastes significativos entre entidades y municipios. Y también aumenta la normalización o indiferencia ciudadanas.
“Abundan evidencias documentales sobre la persistencia e intensificación de conflictos entre organizaciones criminales a lo largo del país. Eventos típicos de violencia letal, como ejecuciones y masacres, se mantienen en números considerablemente altos (Causa en Común, 2026), al igual que mecanismos de ocultamiento de la violencia extrema, como las desapariciones. La coexistencia de violencia criminal intensa con el aumento de indicadores asociados, en particular las desapariciones, es difícilmente compatible con la narrativa oficial de pacificación. Estos patrones territoriales sugieren que una parte de la violencia letal no está desapareciendo, sino desplazándose hacia categorías menos visibles o más difíciles de documentar”.
En la medida de víctimas por cada 100 mil habitantes, en el 2025, los desaparecidos y no localizados, fueron en Sinaloa, Sonora, las Baja Californias, Nayarit, Quintana Roo, Michoacán y Guanajuato, en ese orden, las entidades con más desaparecidos. Con menos, Yucatán, Oaxaca y Coahuila. En lo general, con violencia letal, los más violentos: Baja California, Sinaloa, Morelos; los menos, Yucatán, Tlaxcala, Coahuila. De homicidio doloso, los más: Colima, Morelos, Sinaloa; los menos, Yucatán, Coahuila, Durango.
“La desaparición se inserta en entornos de alta violencia criminal, con disputas territoriales persistentes y presencia sostenida de grupos armados. La coexistencia de tasas elevadas de homicidio y desaparición sugiere que la desaparición no opera como un fenómeno separado, sino como un mecanismo funcional para ocultar asesinatos y distorsionar los registros oficiales de violencia letal. Además, en todo el país se observan trayectorias largas de escalamiento. Esto puede indicar que una parte relevante de la violencia letal está siendo desplazada hacia la categoría de personas no localizadas, ya sea por control territorial del crimen organizado, por limitaciones forenses o por problemas de clasificación.
“El caso más anómalo es Baja California Sur. Su tasa muestra un incremento respecto a 2024 de 164%, es 124% mayor que en 2018 y 666% superior a la de 2015. Este orden de magnitud no es compatible con un deterioro social gradual, sino con un quiebre estructural reciente en un estado de baja población, coincidente con episodios de violencia criminal organizada”.
Mientras el gobierno federal destacó que los homicidios dolosos se han reducido de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 (y luego los gobernantes estatales y municipales presurosos se cuelgan medallas también), el estudio de México Evalúa expone argumentos sólidos para cuestionar esas conclusiones. “Los registros de incidencia delictiva exhiben comportamientos sospechosos en algunas categorías a nivel nacional y estatal. Esto plantea dudas legítimas sobre problemas serios de clasificación, subregistro o incluso manipulación intencionada en el ámbito local que podrían estar derivando en una reducción artificial de los homicidios dolosos, o comportamientos anómalos en otros delitos como el secuestro.
La consigna de “Abrazos, no balazos” llevó a alcaldes, gobernadores y legisladores de Morena a hacer alianzas con delincuencia organizada, como el rey del huachicol. Estos días se expusieron pruebas de gobernadores de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, y del alcalde de Tequila, Jal. El secuestro, ejecución y extorsión de mineros en Sinaloa visibilizó más fosas con desaparecidos. La violencia criminal organizada expone un Estado mexicano fallido.
