La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) ha solicitado la suspensión de la aprobación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, argumentando que incluye aspectos que contravienen la Constitución y los derechos humanos, además de limitar la participación ciudadana.
En una conferencia de prensa, la diputada Margarita Zavala destacó que el plan contempla la creación de 16 casas de gobierno, que serían establecidas por la jefa de gobierno y no elegidas por la ciudadanía. Cada casa tendría presupuesto y facultades para gestionar programas sociales, lo que podría generar una estructura de gobierno paralela.
Zavala criticó el contenido del plan, afirmando que algunas de sus 500 páginas contienen violaciones claras a la normativa federal y local. Durante el evento, varias personas de las Copaco, órganos de representación vecinal, expresaron su apoyo a la exigencia de reanudar el proceso de desarrollo.
Las Copaco son entidades ciudadanas electas cada tres años, que representan los intereses de la comunidad. La diputada Olivia Garza recordó que han presentado quejas ante el Instituto Electoral debido a agresiones sufridas por los vecinos en el ámbito de la participación ciudadana.
Garza mencionó que algunos ciudadanos se vieron forzados a abandonar las consultas sobre el Plan General de Desarrollo en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón. En consecuencia, se ha interpuesto una denuncia en contra de la directora del Instituto de Planeación, Patricia Ramírez Kuri, por presuntas irregularidades en el procedimiento.
La diputada pidió a Ramírez Kuri información clara sobre el estatus del plan, mencionando el silencio institucional que rodea el desarrollo del proyecto. Señaló que la ciudadanía aún desconoce la metodología que se seguirá para implementar el plan, que tendrá impacto durante las próximas dos décadas.
Gabriela Salido, otra diputada, advirtió que la aprobación de un documento de tal magnitud podría influir en otros espacios, priorizando intereses distantes de las necesidades básicas de la población. Criticó la propuesta por desestimar la importancia ambiental y no atender adecuadamente la necesidad de vivienda social.
Salido enfatizó que la ley estipula cómo se deben procesar y clasificar las contribuciones ciudadanas, y que es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre cómo se integrarán sus aportaciones en el documento final.
