Guanajuato, Gto. 8 de marzo de 2025.- Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se inicio con el análisis de dos iniciativas en materia de reforma al Poder Judicial. Ambas plantean cambios a la Constitución Política local para atender los cambios normativos realizados a nivel federal y ajustar la normativa local.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks habló sobre las coincidencias entre ambas propuestas, entre las que mencionó la impartición de justicia pronta, completa e imparcial; la elección libre, directa y secreta de juezas, jueces, magistradas y magistrados; los requisitos para ser magistrada, magistrado, jueza, juez; las facultades del Congreso del Estado, del Gobernador y del Supremo Tribunal de Justicia, relativas a la selección de personas candidatas a elección judicial y la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial y sus atribuciones.
De igual manera, sobre el establecimiento de las bases de lo que se desarrollará en la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativas a las atribuciones de quien ejerza la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial; los impedimentos de los servidores públicos del Poder Judicial, del ejercicio liberal de la profesión de abogados; y lo relativo a las responsabilidad penal y política de los servidores públicos del Poder Judicial.
Mientras que, comentó que también se ven diferencias en las que se deberá profundizar en el diálogo sobre el haber de retiro; magistrados supernumerarios; la defensa pública para los juzgadores, derivado de la existencia del Tribunal de Disciplina Judicial; el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, como segunda instancia de las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial; la creación de un Tribunal Constitucional y la Metodología Única de Evaluación para los Comités de Evaluación de los tres Poderes del Estado.
La diputada María Eugenia García Oliveros habló sobre los objetivos buscados con la reforma a nivel federal como garantizar los principios de austeridad, democratizar el Poder Judicial, combatir la corrupción y el nepotismo, entre otros. Indicó que ante el mandato constitucional que existe de armonizar la normativa local su grupo parlamentario presentó una iniciativa de reforma en la materia.
Comentó que actualmente los magistrados ganan más que la presidenta de la República, lo que es inconstitucional; y mencionó las diversas prestaciones de las que gozan quienes laboran en el Poder Judicial estatal.
Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza manifestó que esto era un parteaguas y remarcó que la reforma judicial para ellos tiene distintas aristas que se han suscitado por no lograr entenderse en un equilibro republicano por la máxima en que ningún poder está por encima del otro.
Reconoció la labor que se realiza dentro del Poder Judicial, como personas profesionales y dedicadas, y que no se debe pulverizar, ya que quienes dictan sentencias deben ser personas capaces, porque cuando se toman decisiones desde un divorcio hasta otra cosa se está hablando de la vida de las personas.
El legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero comentó que este proceso de análisis es muy importante y sobre todo lo que tienen por aportar quienes laboran en el él. Remarcó que se requería una reforma y la propuesta estaba en la mesa, que ambas iniciativas tenían aspectos relevantes como otros por perfeccionar, pero sobre todo se debía cuidar el contar con buenos juzgadores.
Jueces y magistrados comentaron que actualmente se tienen dos órganos el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ambos son precedidos por una sola persona y es quien ejerce la representación del Poder Judicial pero que en la conformación que tendrá vigencia en 2027 ya se contará con tres órganos, por lo que se tendría qué considerar quién será la persona que va a representar al Poder Judicial y ejercer esos actos de representación
Indicaron que otro de los temas que les preocupa está vinculado con las facultades que se le otorgan al Tribunal de Disciplina y en un aspecto en el trámite del procedimiento administrativo sancionador, al considerar que no ven conveniente que las facultades de investigación, de substanciación y de resolución se haga cargo de una sola persona.
En el tema de los magistrados y magistradas supernumerarios comentaron que no pueden tener un control sobre las ausencias temporales, y no pueden suspender el servicio, porque tendría un impacto gravísimo para para el ejercicio de la función. También se precisó que es relevante que la segunda instancia del Tribunal sea independiente; que no existe igualdad de prestaciones entre magistradas y jueces; que no se puede defender la independencia judicial si se va a sancionar por cómo resuelve un juez; entre otras cosas.
Por parte de la Consejería Jurídica se señaló la necesidad de que la armonización sea una oportunidad para todas y todos los guanajuatenses de seguir contando con un Poder Judicial que represente y proteja los intereses de las personas de Guanajuato.
En su oportunidad, la representante del Instituto Estatal Electoral (IEEG) argumentó que en la Constitución federal no se advierte que tenga que definirse de momento la forma o cómo se van a dividir los distritos electorales, que eso tendrá que hacerse en un análisis profundo y una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; mientras que, la funcionaria del Tribunal Estatal Electoral se sumó a los comentarios de su antecesora pero dijo que a nivel federal se están viendo algunas complejidades y situaciones que no se previeron en la ley específica de la materia y que están causando una serie de dificultades en la operatividad de esta elección, que es lo que se debe de cuidar.
En su intervención, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos manifestó que algunos aspectos de la reforma representan un riesgo contra los principios básicos que deben regir cualquier sistema judicial en una democracia, afectando directamente la protección, tutela y garantía de los derechos humanos, como lo relativo a la independencia judicial; en el mismo sentido se pronunció el representante del Tecnológico de Monterrey, por defender la independencia del Poder Judicial.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks comentó que se tiene que determinar lo que va en la Constitución, lo que iría en leyes secundarias y que, si bien hay coincidencias, el reto es construir con todo lo que se ha dialogado.
Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano mencionó que el Poder Judicial estatal es reconocido a nivel nacional e internacional y que siempre se debe partir de la problemática de cada entidad. Agregó que, se tiene que defender lo que está bien hecho y construir o mejorar aquello que tiene oportunidades.
Coincidió con el tema de la subsistencia de los supernumerarios; el tema electoral que, dijo, habrá de tejerse; atender el tema del financiamiento de las campañas; advertir una igualdad de derechos en todas las personas juzgadoras; y reiteró el apoyo para trabajar a reconocer lo bueno y las áreas de oportunidad que se tengan.
La legisladora María Isabel Ortiz Mantilla externó que esta reforma es de trascendencia y que se va a la médula de cómo funciona la República y cómo se van a equilibrar los tres Poderes. Mencionó que a nivel estatal se determinan aspectos que afectan la vida diaria de los 6 millones de habitantes del estado, por lo que es fundamental que se cuide cada detalle.
Reconoció a cada uno de los trabajadores del Poder Judicial, al precisar que su trabajo es de construcción para el país. Añadió que el objetivo es lograr una justicia pronta, completa e imparcial, que si bien tomarán de base la reforma federal se tiene que llevar a cabo de acuerdo con las características de la entidad.
Resaltó la importancia de los perfiles porque, dijo, puede haber buenas leyes, pero es esencial para la justicia quien las aplica y cómo; así como de contar con dos tribunales.
El diputado Rodrigo González Zaragoza agradeció la participación de quienes asistieron y dijo que se tomarán en cuenta en todo este proceso; en el mismo sentido, se pronunció la congresista María Eugenia García Oliveros quien, además, puntualizó algunos aspectos que deberá contener la reforma, como que los ciudadanos elegirán a quien presida el Poder Judicial; que no se pueden tener procesos de selección diversos a los establecidos en la Carta Magna; que la presidencia del Tribunal de Disciplina deberá ser alternada; entre otros.
Los trabajos de la mesa estuvieron encabezados por el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Lo acompañaron la diputada María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla y Susana Bermúdez Cano; así como los diputados Rodrigo González Zaragoza y Sergio Alejandro Contreras Guerrero.
Estuvieron presentes la magistrada Claudia Ivette Amezcua Rodríguez y el magistrado Luis Alberto Valdez López; el juez Daniel Aguilera Cid y Luis Eugenio Serrano Ortega, secretario general del Consejo del Poder Judicial; Yari Zapata López del Tribunal Estatal Electoral; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; Carolina Gasca Arriaga del Instituto Estatal Electoral; Gerardo Trujillo Flores, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; Vicente Vázquez Bustos de la Consejería Jurídica; un representante del Tecnológico de Monterrey; así como asesores parlamentarios.
