El Gabinete de Seguridad, liderado por Omar García Harfuch, ha llevado a cabo una serie de operaciones clave en la investigación sobre el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, quien ha estado desaparecida desde el 2 de junio. Este hecho resalta la importancia de la capacidad del poder ejecutivo para intervenir en situaciones críticas de seguridad pública y la protección de periodistas en el país.
El 2 de junio, Roxana Guzmán logró grabar la intrusión violenta de un grupo de hombres en su hogar, lo que generó un impacto significativo en la opinión pública. Tras este suceso, se ha confirmado la detención de José del Carmen «N», conocido como “Delta 7”, quien fue arrestado en Moloacán y es señalado como uno de los principales sospechosos en esta caso. Este arresto se produjo en un contexto de colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad, evidenciando un esfuerzo por lograr un consenso partidista en la lucha contra la violencia hacia los comunicadores.
En un desarrollo reciente, tras la detención de «Delta 7», se reportó que este individuo pudo haber proporcionado información sobre la ubicación del cuerpo sin vida de Guzmán, lo que llevó a un nuevo operativo en Ixhuatlán del Sureste. Durante este despliegue, también fueron arrestados cuatro policías locales presuntamente vinculados al secuestro, lo que plantea interrogantes sobre la posible complicidad dentro de las fuerzas de seguridad.
La relevancia del caso se ha traducido en un enfoque más agresivo por parte de las autoridades, a raíz del impacto mediático que alcanzó el video de la intrusión en la casa de Guzmán. Desde que el caso fue asumido por la FGR, bajo la dirección de Ernestina Godoy, se han implementado diversas acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad, lo que subraya el carácter prioritario de esta investigación a nivel nacional. La Secretaría de la Marina ha confirmado la detención del principal implicado y continúa avanzando en las indagaciones para esclarecer el paradero de Roxana Guzmán, marcando así un hito en la respuesta institucional ante el flagelo del secuestro de periodistas.
