Defensa del exdirector de Protocolo de Manzo rechaza señalamientos y acusa “perversión política”
La defensa de Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, rechazó los señalamientos de la Fiscalía de Michoacán que lo vinculan con la presunta filtración de información sobre el entonces alcalde Carlos Manzo, asesinado el año pasado. Su abogada sostuvo que la investigación contiene testimonios inconsistentes, irregularidades desde la detención y una estigmatización anticipada, mientras su representado permanece preso en el penal del Altiplano.
La representante legal afirmó que las autoridades estatales lo consideran responsable antes de que comience el juicio. Desde su perspectiva, no existen elementos probatorios suficientes para acreditar que García Rivero haya proporcionado información a grupos delictivos a cambio de narcóticos, como parte de las acusaciones en su contra.
Uno de los principales señalamientos de la defensa se relaciona con la agenda de actividades de Manzo. La abogada explicó que, aproximadamente dos semanas antes del asesinato, García Rivero fue reasignado al área de atención ciudadana y dejó de tener acceso a la información logística del entonces presidente municipal. Añadió que las actividades de Manzo eran difundidas públicamente y que la agenda era manejada por Yesenia Méndez Rodríguez, quien entonces fungía como secretaria particular y posteriormente fue despedida del gobierno municipal.
¿Qué irregularidades denuncia la defensa y qué busca demostrar?
La defensa ubicó el inicio de las presuntas irregularidades en el 1 de enero de 2026, cuando García Rivero fue detenido en la Casa de la Cultura de Uruapan. Según su abogada, no existía una orden judicial y el exfuncionario fue trasladado a instalaciones de la fiscalía sin que sus familiares o abogados conocieran su paradero, por lo que promovieron un juicio de amparo.
Horas más tarde, indicó, García Rivero apareció en un hospital de Morelia, donde las autoridades señalaron que era investigado por violencia familiar. La defensa negó que existan antecedentes que sustenten esa acusación y también rechazó que el exfuncionario tuviera una adicción, al señalar que padece bradicardia y una enfermedad cardiaca.
La abogada negó además que su cliente hubiera aumentado su salario de 35 mil a 70 mil pesos. Aseguró que cuenta con recibos de honorarios y que, después de la muerte de Manzo, recibió cantidades menores.
Otro punto de controversia es la cadena de custodia de teléfonos celulares que, de acuerdo con la defensa, fueron asegurados a García Rivero por policías y después aparecieron en posesión de Méndez Rodríguez. Por ello, el equipo legal solicitó que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República y presentó denuncias por falsedad en declaración, abuso de autoridad, desaparición forzada y robo de pertenencias durante un cateo.
- Punto clave / Qué ocurrió: La defensa rechazó las acusaciones contra Samuel García Rivero y denunció una persecución política.
- Impacto o alcance: El caso involucra a un exfuncionario de Uruapan, a la fiscalía estatal y a una excolaboradora de Carlos Manzo.
- Qué sigue: La defensa busca la intervención de la Fiscalía General de la República y pretende acreditar las inconsistencias ante las autoridades.
El proceso continúa sin que haya iniciado el juicio, mientras García Rivero permanece privado de la libertad. La defensa mantiene abiertas sus acciones legales contra la investigación estatal y contra los testimonios que considera falsos.
