El diputado local Jesús Ibarra gana terreno para asumir de manera interina el poder ejecutivo de Sinaloa tras el segundo pedido de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque cuenta con respaldo de Palacio Nacional, sus vínculos con el secretario de Educación, Mario Delgado, generan resistencias dentro de la Cuarta Transformación.
La sucesión estatal deberá definirse en el Congreso de Sinaloa y permanecería vigente hasta los comicios de 2027. La sesión prevista para confirmar al nuevo gobernador interino fue pospuesta después de las ocho de la mañana, por lo que aún no existe una designación formal.
En mayo, tras el primer pedido de licencia de Rocha Moya, Yeraldine Bonilla asumió el cargo. Sin embargo, fuentes locales citadas en el contenido señalan que esta vez no repetiría esa función y que Ibarra concentra apoyos relevantes para ocuparla.
La disputa interna por la sucesión
Ibarra ya se había registrado como aspirante a la candidatura a gobernador para 2027. Su eventual nombramiento interino anticiparía su llegada al poder estatal en un contexto marcado por denuncias de la oposición, presiones de Estados Unidos y tensiones dentro del oficialismo.
La principal preocupación en Palacio Nacional está relacionada con su cercanía con Mario Delgado, quien también enfrenta señalamientos y escrutinio en Estados Unidos. La definición busca evitar que las investigaciones mencionadas en torno al secretario de Educación tengan un impacto adicional sobre la administración estatal.
En el proceso de decisión también aparece Jesús María Tarriba, esposo de Claudia Sheinbaum y originario de la región, quien tendría influencia política en Sinaloa. Su respaldo sería uno de los factores considerados dentro del entramado de apoyos para la sucesión.
Un relevo con impacto político
El gobierno de Sheinbaum enfrenta el reto de cerrar dos frentes: el desgaste generado por el regreso de Rocha Moya al poder y las presiones estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos criminales del gobernador.
La designación deberá garantizar estabilidad y seguridad hasta los comicios de 2027, además de preservar el control político del estado. Por ahora, el Congreso local mantiene pendiente la decisión y no se ha confirmado quién encabezará el poder ejecutivo.
El proceso no contempla, según la información disponible, una reforma legislativa amplia, sino una definición institucional del Congreso estatal sobre la titularidad interina del gobierno. El desenlace dependerá del equilibrio entre el respaldo de Palacio Nacional, las resistencias internas y la necesidad de construir un mínimo de consenso partidista.
