El Senado de la República de México aprobó un paquete de reformas en materia de desaparición forzada y regulación de la población, con el propósito de fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en el país. La votación, que resultó en 68 votos a favor, 27 en contra y seis abstenciones, ratificó los cambios propuestos en un proyecto de ley enviado por la presidenta de la Ciudad de México.
Entre las principales modificaciones, se establece la creación de una Plataforma Única de Identidad que estará interconectada con diversas bases de datos, incluido el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses. La Clave Única de Registro de Población (CURP) se convertirá en el elemento base de identificación, incorporando de forma obligatoria datos biométricos, como huellas dactilares y fotografías, tanto en formato físico como digital. Esta inclusión ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones a la protección de datos personales y la identidad.
Un aspecto destacado de la reforma es la obligación de que todas las entidades, tanto públicas como privadas, que posean datos identificativos o biométricos faciliten su consulta a las fiscalías y cuerpos de seguridad, con el fin exclusivo de realizar búsquedas, evitando comprometer la privacidad de los individuos.
Asimismo, se contempla la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y se fortalece la figura de la Ficha de Búsqueda, que ahora deberá emitirse tanto en formatos físicos como digitales. Las modificaciones también imponen la obligación de realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas en un plazo máximo de tres días antes de que restos humanos sean enviados a fosas comunes, con el objetivo de registrarlas en el Banco Nacional de Datos Forenses.
Durante la discusión, algunos senadores del partido oficialista defendieron que la reforma garantizará protocolos claros para el uso de datos biométricos con fines humanitarios. En contraste, representantes de partidos de oposición expresaron su preocupación respecto al posible impacto de la normativa en los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos.
El dictamen también incluye la creación de Fiscalías Especializadas que se encargarán de la búsqueda inmediata, delitos cibernéticos y atención a víctimas, así como la obligación de utilizar imágenes satelitales y drones en las labores de localización.
Con la aprobación en el Senado, la reforma será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, debate y eventual votación.
