Legisladores estadounidenses han decidido convertir en permanente la Ley HALT Fentanyl, que establece sanciones más severas por el tráfico de fentanilo y sus análogos, un opioide sintético considerado extremadamente peligroso. Esta medida es parte de un esfuerzo por hacer frente a la crisis de sobredosis en Estados Unidos, que en 2024 registró más de 80,000 muertes, aunque con una disminución del 30% en comparación con el año anterior.
La nueva normativa, resultado de una modificación a la Ley de Sustancias Controladas, permite la reclasificación del fentanilo como droga de tipo 1. De este modo, los fiscales pueden exigir penas más duras tanto por tráfico como por posesión de estas sustancias. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas punitivas difícilmente debilitarán a los grupos del crimen organizado que operan en México y que están detrás de la mayoría del tráfico de este opioide en Estados Unidos.
La historia reciente sugiere que el enfoque de mano dura ha sido ineficaz en contener la influencia de organizaciones criminales en América Latina y Estados Unidos. Investigaciones indican que los esfuerzos anteriores por destruir grupos como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación no han logrado un impacto significativo en su operación.
Además, en otros países de la región, como México y Colombia, se han endurecido las penas relacionadas con delitos de drogas sin que ello haya resultado en una disminución del comercio internacional de estas sustancias. En el caso específico de México, los grupos criminales que trafican fentanilo están más fortalecidos que nunca, y en Colombia, la producción de cocaína ha alcanzado niveles récord.
Por otro lado, críticos de la legislación señalan que el enfoque punitivo ignora las raíces de la crisis del fentanilo. La recetación excesiva de opioides por parte de farmacéuticas en Estados Unidos, junto con la posterior restricción del acceso a estos medicamentos, llevó a muchos a eludir el sistema y buscar alternativas más baratas y potentes, como el fentanilo ilícito.
Expertos alertan que la reducción de presupuestos para tratamientos y servicios de reducción de daños puede contribuir a un aumento en las sobredosis, lo que sugiere que el enfoque legislativo actual podría no ser la solución adecuada para enfrentar este problema de salud pública.
