La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó que Argentina decidió expulsar a Fernando Farías Laguna, quien ya es trasladado a México para ingresar al penal del Altiplano y quedar a disposición del juez que lleva la causa.
Farías Laguna está acusado de integrar una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución marítima de combustible, una operación identificada en la investigación como huachicol fiscal. Este delito ha generado pérdidas para las arcas públicas y posibles vínculos con estructuras criminales y actores políticos.
Godoy señaló que las pesquisas derivaron en responsabilidades en Colima, Sonora, Ciudad de México, Tamaulipas y Baja California. En marzo, las autoridades incautaron un buque con ocho millones de litros de combustible en Tamaulipas y, semanas después, realizaron un aseguramiento similar en Baja California.
La fiscal general destacó la coordinación entre las autoridades mexicanas y la justicia argentina para concretar la expulsión y el traslado del acusado. También informó que otras 15 personas fueron detenidas, entre ellas 12 servidores públicos.
La investigación continuará abierta debido a que existen nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, socios, apoderados legales y enlaces relacionados con la distribución ilegal de combustible en seis estados. El alcance de la causa podría ampliar las responsabilidades dentro de la estructura financiera y operativa de la red.
El caso tiene además una dimensión institucional, debido a que Farías Laguna es sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención coloca nuevamente bajo escrutinio los posibles vínculos entre funcionarios y redes criminales, mientras el poder ejecutivo busca contener el impacto político mediante una investigación respaldada por la reforma legislativa, la coordinación institucional y la cooperación internacional.
La evolución del caso podría influir en la relación entre las autoridades de seguridad, la diplomacia bilateral y el consenso partidista en torno a las medidas contra el contrabando de combustibles, independientemente de los resultados de futuros comicios.
