El acceso a un trabajo digno en México sigue siendo un desafío significativo. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), alrededor de 35.6 millones de mexicanos, lo que representa el 60% de la población trabajadora, carecen de acceso a servicios de salud, un componente esencial de un empleo decente. Esta cifra ha mostrado una reducción mínima de cinco puntos porcentuales en las últimas dos décadas, evidenciando un estancamiento en la protección de los derechos laborales.
A propósito de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el debate sobre la necesidad de un empleo digno que no solo incluya un salario justo, sino también protección social y oportunidades de desarrollo, ha cobrado renovada importancia.
A pesar de los incrementos en el salario mínimo en años recientes, un porcentaje significativo de la fuerza laboral percibe ingresos que apenas alcanzan el mínimo establecido. Estadísticas indican que 22.9 millones de personas, aproximadamente el 40% de los trabajadores, ganan hasta un salario mínimo, lo que significa que sus ingresos mensuales no superan los 7,500 pesos. Esta cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, ya que el ingreso digno está estimado en alrededor de 13,000 pesos mensuales.
El problema no se limita al sector informal. Análisis revelan que incluso dentro de la iniciativa privada, el 56% de los empleados percibe menos de 12,500 pesos mensuales. Esto indica que la precariedad laboral se mantiene presente, incluso en puestos formales, donde la seguridad social no garantiza automáticamente condiciones dignas de trabajo.
Además, datos de la ENOE muestran que tres de cada diez trabajadores subordinados carecen de prestaciones laborales básicas, como vacaciones y aguinaldo. Aunque ha habido avances en este aspecto respecto a dos décadas atrás, aún existen 12.3 millones de trabajadores sin acceso a estos derechos mínimos.
Entre los grupos más afectados se encuentran mujeres y jóvenes. Aproximadamente 40 millones de personas en el país carecen de trabajo digno, siendo la mayoría mujeres que realizan labores de cuidado no remuneradas. También se ha registrado que 18.6 millones de personas laboran sin un contrato estable, lo que exacerbó la informalidad y redujo las garantías laborales.
Los indicadores actuales apuntan a violaciones sistemáticas del derecho al trabajo en todo el país, donde la informalidad, los bajos salarios, la falta de protección social y la desigualdad de género continúan perpetuando la pobreza laboral, incluso entre quienes están empleados. Es esencial abordar las causas estructurales de esta situación para avanzar hacia un futuro laboral más justo y equitativo.
