El reciente incremento propuesto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México, que afectará a refrescos y cigarros, ha generado preocupaciones significativas entre los pequeños comerciantes del país. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advierte que más de 60,000 negocios podrían cerrar, poniendo en riesgo alrededor de 120,000 empleos informales que dependen de estas ventas para su sustento.
Los comerciantes sostienen que esta medida amenaza la estabilidad económica de las tiendas de barrio y micronegocios, que han encontrado en estos productos una fuente vital de ingresos. Además, se estima que este aumento podría incentivar el comercio informal de refrescos y tabacos, lo que, según ANPEC, contradice los objetivos de control del consumo que se pretenden alcanzar con el nuevo gravamen.
A través de una carta abierta, la ANPEC ha expresado su rechazo a la propuesta que contempla un aumento del 87% en el IEPS sobre bebidas azucaradas y más del 30% para cigarros. En su comunicación, los comerciantes se han dirigido a las autoridades solicitando reconsiderar esta decisión, argumentando que el aumento de impuestos puede repercutir directamente en sus ventas y, por ende, en la economía de numerosas familias.
La ANPEC también señala que tras una década de aplicación del IEPS a bebidas azucaradas, no se ha observado una disminución del consumo, ni de las enfermedades asociadas, y que los impactos negativos sobre los pequeños negocios han aumentado. La asociación critica que el nuevo gravamen se aplique incluso a productos antes exentos, como las bebidas sin calorías.
Por su parte, el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), que agrupa a grandes empresas del sector, anticipa que este aumento podría encarecer las cajetillas de cigarros hasta en 20 pesos, lo que podría erosionar las ventas legales y fomentar canales de distribución ilegales.
A pesar de las preocupaciones expresadas por los comerciantes, las autoridades argumentan que el ajuste al IEPS busca mejorar la salud pública al reducir el consumo de productos nocivos, siguiendo ejemplos internacionales de países que han implementado políticas fiscales similares.
Ante esta situación, la ANPEC ha propuesto establecer mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda y otros sectores productivos, con el fin de buscar alternativas fiscales que permitan una mayor recaudación sin afectar de manera negativa el consumo popular y la viabilidad de los pequeños comercios, considerados cruciales para la economía local, especialmente en comunidades vulnerables.
