Deficiencias en las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas en Veracruz entre 2010 y 2016 revelan una preocupante colusión de autoridades, según un estudio de la ONG Propuesta Cívica. Durante este periodo, que coincide con el gobierno de Javier Duarte, se registraron patrones de impunidad en los crímenes contra la prensa.
El informe analiza tres casos que resultaron en la muerte de ocho personas, entre ellas periodistas críticos del vínculo entre el gobierno estatal y la delincuencia organizada. En total, 18 periodistas fueron asesinados en el estado durante este sexenio, lo que refleja un contexto de creciente violencia.
La investigación destaca que las indagatorias se abordaron de manera superficial, sin hipótesis claras y sin considerar la complejidad de los casos, como la posible relación con el trabajo periodístico de las víctimas. Además, señala que se omitieron datos relevantes tales como peritajes y análisis técnicos, dependiendo en cambio de testimonios de supuestos delincuentes y policías.
El estudio también resalta que no se respetaron protocolos de acción, como la falta de reacción inmediata ante desapariciones y la inadecuada preservación de escenas del crimen. Asimismo, las autoridades no implementaron recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales, lo que sugiere una posible complicidad con la delincuencia.
Desde el año 2000, más de 30 periodistas han sido asesinados en Veracruz, de los cuales 18 corresponden al periodo en que Duarte ocupó la gubernatura. Este panorama plantea serias interrogantes sobre la protección de la libertad de prensa en la región y el efectiva combate a la impunidad.
