Guanajuato, Gto., 24 de octubre de 2024.- Con el objeto de garantizar la independencia judicial, a través del fortalecimiento de la soberanía popular, el combate a la corrupción y el nepotismo, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada María Eugenia García Oliveros se refirió a la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada el pasado 15 de septiembre, cuyos principales objetivos son garantizar el principio de austeridad, combatir la corrupción y el nepotismo y democratizar al Poder Judicial, dijo.
La legisladora habló de la remuneración anual neta de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que está muy por encima de lo que gana la persona titular de la Presidencia de la República, y añadió que además de los altos salarios que tienen, existen algunos fideicomisos para destinar recursos para el pago de prestaciones injustificadas.
También habló del nepotismo que se encontró al analizar el interior del Poder Judicial Federal, y resaltó que, en el caso del décimo sexto circuito, correspondiente a Guanajuato, el problema era mayor, pues 38 de 46 titulares tenían familiares, lo que equivale al 82.61%.
García Oliveros apuntó que la reforma federal busca, entre otras cosas, la elección por voto directo y secreto de la ciudadanía de las personas integrantes del Poder Judicial mediante mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios de evaluación y selección; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; así como garantizar que las magistradas y los magistrados, las juezas y jueces perciban una remuneración que no sea mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República.
Agregó que, la iniciativa que se presentaba busca que el Congreso del Estado atienda ese mandato constitucional, a fin de no incurrir en una omisión legislativa. Asimismo, enfatizó que la división de poderes en Guanajuato no ha existido.
“La relación entre el poder judicial y el gobierno del estatal es tan íntima que servidores públicos pueden ir y venir del Poder Judicial al Poder Ejecutivo o viceversa tantas veces como sean necesarios los acomodos del poder político local”, afirmó.
La congresista mencionó que, aunque la ley establece la existencia de concursos de oposición libres para plazas de jueces, no existen registros en el Poder Judicial acerca de cuántos de los jueces en la actualidad fueron designados bajo ese esquema.
En ese sentido, sostuvo que lejos de promover perfiles idóneos e independientes para ocupar tan importantes cargos, se utiliza al Poder Judicial para premiar a funcionarios públicos leales al partido en el poder, prácticas que han afectado la percepción que la ciudadanía tiene sobre las instituciones.
La diputada dijo que consideraban pertinente democratizar al Poder Judicial local y que la reforma busca expandir los derechos de participación política de la ciudadanía y garantizar el principio de soberanía popular, ya que la propuesta de modificación era una medida adecuada para establecer un sistema que garantice un mayor grado de independencia judicial.
Finalmente, manifestó que la iniciativa obedece al mandato constitucional que les fue otorgado en la reforma judicial; retoma la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el sentido de que la participación ciudadana y la transparencia en los procesos de selección son fundamentales para garantizar la independencia y la integridad de los impartidores de justicia; y propone un nuevo método y procedimiento para designar a los jueces y juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial en la entidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
