Violencia contra Defensores del Medio Ambiente en México: Un Llamado a la Acción
Desde 2016, al menos 84 defensores del medio ambiente han sido asesinados en México, un fenómeno que las organizaciones no gubernamentales consideran ligado a su labor en la protección de territorios y ecosistemas. De las víctimas, 77 eran hombres y siete mujeres; 44 pertenecían a comunidades indígenas, mientras que una era afromexicana.
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que estos asesinatos se enmarcan en un contexto de agresiones que van desde la criminalización y el hostigamiento judicial hasta la vigilancia y el desplazamiento forzado. Su informe destaca la necesidad urgente de reconocer la deuda del Estado mexicano con aquellos que arriesgan sus vidas por defender los bienes comunes del país.
Coincidiendo con el Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, el informe resalta que esta fecha no solo es un momento de conmemoración, sino también de exigencia de justicia frente a la violencia y la impunidad que enfrentan quienes luchan contra megaproyectos destructivos y el crimen organizado.
El papel de los defensores del medio ambiente es crucial en la contención de la crisis climática y la protección de recursos naturales, especialmente ante el avance de proyectos extractivos y la degradación ambiental. Las actividades ilegales, como la tala indiscriminada y la minería clandestina, se han intensificado, amenazando no solo el entorno ecológico, sino también a las personas que lo defienden.
La relación entre el narcotráfico y la degradación ambiental ha creado un entorno de alta peligrosidad para los defensores. A pesar de que el Estado mexicano ha aprobado marcos normativos destinados a su protección, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, su implementación sigue siendo insuficiente.
Además, el Acuerdo de Escazú, ratificado en noviembre de 2020, establece la obligación de proteger a quienes defienden el medio ambiente, siendo este el primer tratado de su tipo a nivel mundial. Sin embargo, las recientes decisiones, como la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, han generado preocupación en torno al acceso a la información pública ambiental, lo que podría agravar la situación.
Por último, se subraya la imperiosa necesidad de contar con un sistema de justicia ambiental robusto, que garantice la existencia de jueces capacitados y autónomos, libres de influencia política o económica, para asegurar la protección de los recursos ambientales y los derechos de quienes los defienden.
