Un hospital público en Guayaquil, Ecuador, ha emitido una disculpa formal a una mujer venezolana tras reconocer que, a la edad de 17 años, fue sometida a una esterilización sin el consentimiento adecuado, un caso calificado como violencia obstétrica por la Corte Constitucional del país.
El gerente del Hospital General Universitario de Guayaquil admitió que el personal médico no proporcionó información suficiente sobre los riesgos y alternativas de la ligadura tubárica. La institución reconoció que este procedimiento, realizado en el contexto de su parto, vulneró la autonomía de la paciente y generó sufrimiento innecesario. Según el relato de la afectada, durante el proceso de parto, el personal insistió en la esterilización al argumentar un riesgo potencial para su vida debido a una condición de preeclampsia, lo que la llevó a firmar documentos mientras estaba anestesiada.
Este incidente, que tuvo lugar en 2020, ha sido objeto de un fallo judicial que enfatiza la violencia estructural contra las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. En el evento, representantes de la Defensoría del Pueblo también estuvieron presentes para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Aunque la disculpa fue expresada en un acto público, la afectada, cuya identidad se mantiene en reserva, ha señalado que las palabras no reparan el daño sufrido, y ha manifestado su esperanza de que este caso sirva para prevenir futuros abusos en el ámbito médico. También ha declarado que el trato que recibió puede reflejar una discriminación por ser migrante y menor de edad, considerando que su situación económica pudo haber influido en el desenlace de su experiencia en el hospital.
La abogada de la mujer ha indicado que, tras el cumplimiento de la sentencia y de las reparaciones económicas dictadas por la Corte, se buscará la inclusión de la violencia obstétrica en el Código Penal ecuatoriano. La legislación actual prevé penas para la privación forzada de la capacidad reproductiva, pero no abarca otras limitaciones a los derechos de las mujeres que emergen en estos contextos.
La afectada y su abogada están a la espera de que el hospital cumpla con una indemnización fijada en 15.000 dólares, mientras que se tensionan los esfuerzos por mejorar las normativas ministeriales y la formación del personal médico en relación con el respeto por los derechos de las pacientes.
