La PRODHEG registró 90 expedientes de queja relacionados con mujeres privadas de la libertad en Guanajuato, pero únicamente reportó cuatro recomendaciones durante el periodo consultado. León concentra el mayor número de expedientes.
Por Rosario Martínez de la Vega
Guanajuato. Detrás de los muros de los centros penitenciarios de Guanajuato, las mujeres privadas de la libertad también denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos. Los señalamientos van desde posibles agresiones a la integridad física y tratos degradantes hasta deficiencias en la atención médica y actuaciones indebidas de servidores públicos.
Una respuesta oficial de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), obtenida mediante una solicitud de transparencia, revela que entre 2018 y la fecha de corte de la información solicitada se iniciaron 90 expedientes de queja relacionados con mujeres en reclusión.
Sin embargo, durante el mismo periodo, el organismo informó haber emitido solamente cuatro resoluciones de recomendación.
La diferencia entre ambos registros plantea interrogantes sobre el seguimiento de las denuncias, las investigaciones realizadas y las medidas adoptadas para proteger los derechos de las mujeres bajo custodia del Estado.
León concentra el mayor número de quejas
De acuerdo con la respuesta de transparencia identificada con el folio 2190200000003426, los 90 expedientes se distribuyen entre cuatro centros penitenciarios estatales.
El Centro Estatal de León encabeza el registro con 37 expedientes, seguido por Valle de Santiago, con 28, y Guanajuato capital, con 24.
En Celaya se reportó un expediente.
La distribución muestra que León concentra aproximadamente el 41% de los expedientes registrados durante el periodo consultado.
Aunque estas cifras permiten identificar dónde se originaron las quejas, no establecen por sí solas cuántas violaciones fueron acreditadas ni cuántas personas resultaron responsables.
Agresiones, malos tratos y derechos vulnerados
La documentación oficial permite conocer los tipos de hechos denunciados en los distintos centros penitenciarios.
En el caso de León, la PRODHEG registró 21 incidencias relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
También aparecen señalamientos por ejercicio indebido de la función pública, vulneraciones al derecho al trato digno, afectaciones a la integridad física, negligencia médica y posibles transgresiones al derecho a vivir sin violencia y maltrato.
En Valle de Santiago se contabilizaron 22 incidencias relacionadas con derechos de personas privadas de la libertad, además de señalamientos por posibles irregularidades en la aplicación del régimen penitenciario, afectaciones a la seguridad jurídica y trato indigno.
En Guanajuato capital, la respuesta oficial identifica 13 incidencias relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad, así como señalamientos por ejercicio indebido de la función pública, discriminación y vulneraciones al derecho a la protección de la salud.
En Celaya se reportó una incidencia relacionada con el derecho a la integridad física.
La PRODHEG aclara que un mismo expediente puede contener más de un señalamiento o hecho presuntamente violatorio, por lo que estas incidencias no deben interpretarse como expedientes adicionales.
Cuatro recomendaciones frente a 90 expedientes
Uno de los datos centrales de la investigación es la diferencia entre el número de expedientes iniciados y las recomendaciones emitidas.
Mientras la PRODHEG informó haber iniciado 90 expedientes de queja, únicamente reportó cuatro resoluciones de recomendación durante el periodo solicitado.
Las recomendaciones son resoluciones que los organismos públicos de derechos humanos pueden emitir cuando, después de una investigación, encuentran elementos para acreditar violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, no todos los expedientes necesariamente concluyen mediante una recomendación.
También pueden existir otras formas de resolución, entre ellas conciliaciones, acuerdos, orientaciones o determinaciones derivadas de la investigación.
El problema es que la respuesta proporcionada no detalla cómo concluyeron los demás expedientes.
Por ello, no es posible establecer cuántos fueron archivados, cuántos continúan abiertos o cuántos terminaron mediante otros mecanismos.
La falta de ese desglose impide conocer el resultado completo de las quejas relacionadas con mujeres privadas de la libertad en Guanajuato.
Respuesta 3426
La respuesta de transparencia, fechada el 27 de octubre de 2026, contiene el número de expedientes registrados, su distribución por centro penitenciario, los tipos de presuntas violaciones señaladas y las cuatro recomendaciones reportadas.
Consulta el documento oficial completo de la PRODHEG.
La información pendiente
La investigación también expone las limitaciones de la respuesta institucional.
Aunque la PRODHEG proporcionó información sobre las quejas y las recomendaciones, señaló que otros datos solicitados correspondían a las atribuciones de una dependencia distinta.
En consecuencia, orientó a la solicitante a presentar los requerimientos faltantes ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
Esta situación obliga a consultar distintas instancias para reconstruir el panorama completo de las condiciones penitenciarias y la atención a las mujeres privadas de la libertad.
La respuesta tampoco permite conocer, por sí sola, si las autoridades penitenciarias aplicaron sanciones administrativas, realizaron modificaciones a sus procedimientos o implementaron medidas para evitar la repetición de las conductas denunciadas.
¿Quién vigila los derechos dentro de las prisiones?
Las personas privadas de la libertad conservan sus derechos humanos, salvo las restricciones que legalmente derivan de su situación jurídica.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana, así como proteger su integridad física, su salud y su seguridad.
En el caso de las mujeres encarceladas, las denuncias relacionadas con posibles malos tratos, discriminación y falta de atención médica requieren especial atención.
La existencia de expedientes de queja demuestra que estos señalamientos fueron presentados formalmente ante el organismo encargado de proteger los derechos humanos.
No obstante, conocer el número de denuncias es apenas una parte del problema.
También resulta necesario identificar cuáles fueron investigadas, qué hechos se acreditaron y cuáles fueron las respuestas de las autoridades involucradas.
Los derechos no terminan tras las rejas
Los datos proporcionados por la PRODHEG abren una discusión sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario de Guanajuato.
Noventa expedientes y cuatro recomendaciones son las cifras que deja la respuesta oficial.
Pero el documento no ofrece información suficiente para reconstruir el resultado de cada queja.
La ausencia de ese detalle limita la posibilidad de evaluar cómo se atendieron las denuncias de las mujeres encarceladas y qué medidas se tomaron para protegerlas.
Mientras esa información permanezca incompleta, persiste una pregunta que las autoridades deben responder:
¿Qué ocurrió con las quejas presentadas por las mujeres privadas de la libertad y qué acciones se emprendieron para garantizar sus derechos?
Porque estar en prisión no significa perder el derecho a la dignidad, a la salud, a la integridad física ni a recibir protección frente a posibles abusos.
Fuente documental: respuesta de transparencia de la PRODHEG, folio 2190200000003426, fechada el 27 de octubre de 2026.
