México enfrenta una situación compleja de sobreexplotación de sus reservas de agua, con el 44% de sus 653 acuíferos en condiciones de disponibilidad media o negativa, advirtió Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la Unesco.
Durante su participación en la Semana Mundial del Agua, celebrada recientemente en Estocolmo, el especialista señaló que el país no se encuentra en una situación de “bancarrota hídrica”, aunque sí presenta señales preocupantes de deterioro en sus reservas. Explicó que este concepto, promovido por Naciones Unidas, busca describir a las sociedades que viven de manera persistente por encima de sus límites hidrológicos.
“La bancarrota hídrica no es un concepto que podamos hacer operativo”, afirmó Arriaga, quien matizó que México no atraviesa ese escenario, pero enfrenta un problema que requiere atención. En numerosos acuíferos del país, agregó, la extracción de agua supera la capacidad de recarga natural.
Uno de los casos más críticos se encuentra en el Valle de México, donde se extrae prácticamente el doble del agua que se recupera de manera natural. Esta diferencia representa un riesgo para la sostenibilidad de la región en el largo plazo y refleja la presión que enfrentan las zonas con mayor concentración urbana y económica.
El reto está en gestionar mejor el agua disponible
El problema también está marcado por un desequilibrio territorial. El centro y el norte del país concentran la mayor parte de la población y de las actividades productivas, pero cuentan con menor disponibilidad de agua, mientras que el sur y el sureste tienen más recursos hídricos y una menor concentración poblacional y económica.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, coincidió en que el principal desafío para México está en la gestión del recurso. “Sí hay agua”, sostuvo, al señalar que las prioridades deben centrarse en modernizar el campo y reducir las pérdidas en las redes de distribución urbana.
El sector agrícola concentra el 76% del consumo de agua, por lo que su modernización es considerada una de las medidas fundamentales para mejorar el aprovechamiento del recurso. A ello se suma la necesidad de atender las fugas y deficiencias en las redes urbanas.
Arriaga consideró que todavía existe margen para revertir el deterioro, pero advirtió que sus efectos recaerán principalmente en las poblaciones con menos recursos, que ya destinan una mayor proporción de sus ingresos a compensar la discontinuidad de los servicios.
Sin una aceleración de las medidas, alertó, la crisis podría generar impactos económicos y alimentarios, además de conflictos sociales y una pérdida de legitimidad de las instituciones responsables de administrar el agua.
