El gobierno de México ha adjudicado un contrato de 7,152.1 millones de pesos al consorcio formado por Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), vinculada al presidente Andrés Manuel López Obrador, y la empresa española COMSA. Este acuerdo, gestionado por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), tiene como objetivo la construcción y diseño de edificios auxiliares para el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, con inicio programado el 25 de junio y un plazo de ejecución de 920 días.
La ATTRAPI argumentó la elección del consorcio debido a que cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria, así como a su alta puntuación en los criterios de adjudicación. Este enfoque refleja una reforma legislativa que busca optimizar el uso de recursos públicos en proyectos de infraestructura, resaltando la importancia de la eficiencia en el sector de transportes.
Previo a este contrato, en febrero de 2026, RECSA también había sido favorecida con un acuerdo por 3,411.8 millones de pesos para el tramo tres del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato y la construcción de cinco estaciones. En este caso, la empresa fue seleccionada nuevamente por su cumplimiento con los estándares establecidos en el proceso de adjudicación.
Es relevante mencionar que Humberto Armenta, fundador de RECSA, ha estado involucrado en varias contrataciones durante administraciones previas y actuales. Armenta, vinculado al ex presidente López Obrador, también ha estado al frente de Ozore Gestión de Agua, empresa que ha recibido contratos significativos por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), incluyendo proyectos como «Agua Saludable para La Laguna».
Este contexto evidencia la búsqueda de un consenso partidista favorable en la infraestructura pública, al mismo tiempo que reitera la creciente influencia del poder ejecutivo en la asignación de recursos y contratos en el sector de transportes.
