Dos congresistas latinas, una del Partido Republicano y otra del Partido Demócrata, han presentado un nuevo proyecto de ley denominado Dignidad 2025. Esta iniciativa busca la regularización de migrantes que han residido en Estados Unidos por más de cinco años, siempre y cuando no tengan antecedentes penales y paguen una multa asignada.
El proyecto es una versión revisada de una propuesta anterior presentada en 2023, en un contexto en el que el Congreso estadounidense aún no ha alcanzado un consenso sobre una política migratoria efectiva. Desde la última gran reforma migratoria en 1986, que permitió a millones de migrantes acceder a la ciudadanía, los esfuerzos subsiguientes han fracasado en generar acuerdos significativos, a menudo debido a las divisiones políticas y la falta de voluntad bipartisan.
La propuesta Dignidad 2025 está dirigida a migrantes en situación irregular que se encuentren en el país desde antes del 31 de diciembre de 2020. Este programa de siete años ofrece autorización de trabajo, protección contra la deportación y la posibilidad de viajar, siempre que los participantes superen la verificación de antecedentes, paguen los impuestos correspondientes y contribuyan al sistema tributario.
Los migrantes que se inscriban en el programa deberán abonar una suma total de 7,000 dólares a lo largo de los siete años, que se destinarán a un fondo para subvencionar iniciativas de apoyo a estadounidenses en búsqueda de empleo. Además, quienes participen no podrán acceder a beneficios federales, y deberán presentar informes al Departamento de Seguridad Interior cada dos años, así como demostrar empleo o estudio durante al menos cuatro de los siete años, salvo excepciones.
Quienes logren cumplir con los requisitos podrán solicitar el denominado «estatus dignidad», que será renovable cada siete años de manera indefinida, aunque es importante señalar que este programa no proporcionará un camino hacia la ciudadanía. Por otro lado, los denominados «soñadores», migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, tendrán la opción de solicitar la ciudadanía junto con la obtención de estatus legal.
Además, el proyecto contempla el refuerzo de la seguridad en la frontera con México. Una de las congresistas indicó que la ley Dignidad no debe ser considerada una amnistía, sino una propuesta balanceada para abordar un problema histórico que ha persistido durante 40 años, subrayando que muchos de los migrantes en cuestión han trabajado en Estados Unidos sin incurrir en delitos criminales.
Este anuncio se produce en un contexto en el que las políticas de deportación han sido un tema candente en la agenda política, marcado por el compromiso de la administración actual de intensificar las expulsiones de migrantes en situación irregular.
