Guanajuato, Gto.- a 16 de agosto del 2026.– Para garantizar que el trabajo en el sector público sea un espacio seguro, justo y libre de cualquier forma de violencia, el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría de las Mujeres y la Universidad de Guanajuato capacita a más de 150 servidoras y servidores públicos en la resolución pacífica de conflictos.
La formación “Mecanismos alternativos de solución de conflictos en el espacio laboral” se imparte durante agosto en Irapuato, León y Guanajuato Capital. Está dirigida a integrantes de los Comités para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual, con especial atención en quienes ocupan presidencias, enlaces Ombudsperson y personal jurídico.
Herramientas para escuchar, dialogar y prevenir
Saber escuchar y dialogar a tiempo evita que los desacuerdos cotidianos se conviertan en problemas mayores. La capacitación brinda herramientas avanzadas de mediación, negociación y diálogo colaborativo.
Siete de cada diez casos que llegan a estos Comités son desacuerdos laborales que pueden resolverse mediante la mediación. Resolver estas diferencias a tiempo permite proteger la dignidad de las personas y mantener un ambiente de trabajo donde todas y todos se sientan respetados.
La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, enfatizó:
«Facilitar herramientas de mediación nos permite intervenir a tiempo, antes de que un desacuerdo escale. Nuestra prioridad es asegurar espacios laborales donde la igualdad sustantiva, el respeto y los derechos humanos de cada trabajadora y trabajador sean una realidad cotidiana».
Claridad y perspectiva de género: La violencia no se negocia
La capacitación integra de manera transversal la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, asegurando una atención justa para todas las personas.
Es fundamental precisar que la mediación aplica exclusivamente para desacuerdos de convivencia. Los casos que involucren violencia laboral, acoso, hostigamiento sexual o violaciones a derechos humanos NO son negociables ni mediables: estos se canalizan e investigan de inmediato mediante las denuncias formales y los protocolos institucionales vigentes.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la capacidad de sus instituciones para proteger la integridad, la tranquilidad y los derechos de las y los trabajadores del servicio público.
