En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las medidas de vigilancia, control del espacio público y actuación policial implementadas durante el Mundial 2026 podrían mantenerse de forma permanente, advirtieron organizaciones defensoras de derechos humanos durante la presentación del informe “Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial 2026”.
El documento identifica patrones de represión y criminalización de la protesta, restricciones al uso del espacio público, control territorial y fortalecimiento de las capacidades de seguridad y vigilancia en las tres sedes mexicanas del torneo, organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.
Josefa Gómez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señaló que las organizaciones decidieron documentar las afectaciones ante el riesgo de que las medidas adoptadas durante el evento deportivo se normalicen después de su conclusión. Advirtió que, una vez flexibilizadas ciertas garantías, podría no existir un retorno a las condiciones previas.
Más recursos para vigilancia que para búsqueda de personas
En Jalisco, el informe documentó que el fortalecimiento de la vigilancia también impactó el presupuesto relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas. Gina Díaz Martínez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), indicó que el anexo presupuestario aumentó 172.68%, aunque calificó el incremento como una “ilusión presupuestal”.
De acuerdo con el documento, más del 90% de ese crecimiento se concentró en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y en la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, sin priorizar la búsqueda en campo, la identificación humana ni la atención a las familias.
El presupuesto del C5 pasó de 6.8 millones de pesos en 2025 a mil 345 millones en 2026, principalmente para videovigilancia y tecnologías de monitoreo. Díaz Martínez cuestionó que esos recursos se destinaran a sistemas de vigilancia mientras persisten las fosas clandestinas, el colapso de los servicios forenses y la crisis de desapariciones en Jalisco.
Entre el 1 y el 30 de junio, las organizaciones verificaron 50 registros correspondientes a 21 episodios de protesta, 18 de ellos en Ciudad de México. En 40 casos constataron la presencia de agentes estatales y patrones diferenciados de contención, incluidos encapsulamientos de familias buscadoras y una actuación más violenta contra integrantes de la CNTE.
El informe también registró hostigamiento contra personas en situación de calle, acciones de reordenamiento urbano que afectaron a poblaciones indígenas, colonias populares y familias buscadoras, así como afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas y 11 agresiones contra mujeres periodistas.
Adriana Quiroz, de la Red TDT, cuestionó que no se haya establecido cuándo terminarán las medidas de seguridad ni cómo serán retiradas. También alertó sobre el uso de policías vestidos de civil y el riesgo de que el Mundial haya funcionado como un laboratorio para probar nuevas formas de control y vigilancia.
