La clausura de 17 polígonos en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Yucatán, por deforestación ilegal y comercialización de lotes en fraccionamientos irregulares llevó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a pedir sanciones más severas por delitos ambientales.
El partido señaló que la afectación a áreas naturales protegidas evidencia los riesgos de estas prácticas para los ecosistemas y el patrimonio ambiental del país.
El PVEM recordó que la Cámara de Diputados aprobó una reforma para aumentar las penas por delitos ambientales y fortalecer la protección de los ecosistemas. Sin embargo, indicó que el proceso legislativo aún no concluye.
Ante ello, llamó a reforzar las herramientas jurídicas para preservar las áreas naturales y frenar conductas que dañen la vegetación en zonas de alto valor ambiental.
